Protección social
Algunos partidos, especialmente cuando gobiernan, se entregan por principio a promocionar y poner en práctica las disposiciones que se supone les van a dar mayor propaganda. Se trata de medidas que suelen distinguirse por su espectacularidad visual, pero que carecen de fondo o que incluso son realmente perjudiciales. Un ejemplo sería el muy socorrido de provocar un presunto escándalo entre el fondo electoral que consideran perdido, atizarlo mediante acción de la prensa afín, e hinchar, ridiculizándolo, el histerismo de las reacciones contrarias. Ésta es una treta muy utilizada cuando al partido que la pone en práctica le va mal en el gobierno, pues de este modo la atención se distrae hacia la oposición mientras, hasta cierto punto, se oculta la mala actuación propia.
Otro truco consiste en victimizar a alguna minoría que se considere afín para, inmediatamente, favorecerla con alguna medida extraordinaria a costa de todos. Así, quien se dé cuenta de la jugada y pretenda ir en contra de la medida, verá automáticamente ahogada su voz en medio de la masa simpatizante del grupo implicado, mientras es automáticamente anatemizado como monstruo antisocial por ir en contra “del deseo de la mayoría” y de “ayudar a los que más lo necesitan”. Este hecho deja de manifiesto hasta qué punto trae al pairo a partidos como ése en el que los lectores están pensando, lo que opinen los grupos sociales cuyo voto creen que nunca van a obtener. Los derechos de éstos pueden vulnerarse dictatorialmente si es preciso, con tal de recabar el aplauso de las minorías presuntamente anexionables cuya voluntad se pretende conquistar o incluso comprar.
También es socorrido adoptar resoluciones caracterizadas por el populismo, definido éste como una búsqueda entre el electorado mentalmente más perezoso, al que suponen mayoría, de conquistar una simpatía personal que supere la capacidad de los votantes para discernir si la medida es conveniente o no. Se trata literalmente de comprar el voto. Un ejemplo de este tipo de medidas lo daría un líder político que prometiese un millón de euros para cada español: sin duda ganaría las elecciones, pero ¿cómo quedaría el Estado a cambio? Pensémoslo: en principio sería posible. Cuarenta y cinco millones de euros tampoco es tanto hablando en términos nacionales…
Sin embargo, y a pesar del dispendio en este tipo de medidas periféricas populistas o populacheras, existen muchos temas de fondo más discretos, aunque más importantes sin comparación, que por deber tenían que haber sido resueltos hace tiempo por los gobiernos, pero a los que éstos no se han atrevido o no les ha interesado hacerlo. Y es de justicia decir que el partido que más años, y con mucho, ha gobernado en España durante el tiempo de esta democracia, es el que más ha avanzado en toda la serie de pequeñas medidas secundarias baladíes a las que me he referido más arriba, incluso en ocasiones impositivas para quienes no comulgan con él; pero tal vez el que menos se ha preocupado por emprender la dirección de la conquista de los otros verdaderos retos, los que realmente nos habrían convertido en una sociedad de mayor bienestar, más justa, e incluso, aunque el susodicho partido lo niegue, más protectora hacia aquellos más débiles para hacer escuchar su voz.
Para exponerlo ante quien no lo crea, presentaré aquí unas pocas de estas medidas, que tenían que haber sido adoptadas en común por todos los gobiernos europeos hace tiempo, pero lo cual no ha ocurrido, y son buena parte de las razones por las que estamos sufriendo especialmente los ciudadanos las consecuencias de esta crisis:
1. Supresión de la eliminación automática e involuntaria del desempleado de las listas del paro, excepto en el caso de que se rechace un empleo, rechazo que debería ser declarado ilícito con las debidas salvedades. El presente borrado gratuito vigente en España, tiene todos los visos de ser ilegal e incluso inconstitucional. Por un lado, supone una trampa para que el gobierno de turno se apunte menos parados de los reales aprovechándose de aquéllos que se hayan cansado u olvidado de renovar su situación en la fecha precisa; por otro, resulta en un abandono del ciudadano a una situación ilegal imputable a quien tiene el deber de ampararle, que es el propio Estado, lo cual sin duda debería conllevar punición para éste, y así ocurrirá cuando de verdad el Estado sirva para proteger a alguien que no sea quien se ha instalado en él según los parámetros de privilegio establecidos por los afortunados que se encaraman en él a costa de todos.
2. Unificación del subsidio de desempleo en toda la Europa comunitaria. El tiempo de trabajo realizado dentro de cualquier país de la Comunidad Europea debería ser directamente sumado a un fondo común. Resulta un grave atraso que cada país tenga su legislación al respecto, y que, cada vez que se trabaja con un contrato en un país de la Unión, al cabo del año se pierda el subsidio en el que se había estado empleado anteriormente. Esto supone que, si un obrero podía cobrar tres años de desempleo en España, por ejemplo, tras lo cual se va a trabajar a Portugal durante un año y pierde este empleo, tendrá derecho solamente a tres meses en su segundo país de empleo, habiendo perdido los tres años que tenía acumulados. Me parece grave.
3. Es más: en toda la Comunidad debería tenderse a la posibilidad del paro indefinido, con un órgano estatal especialmente dedicado a buscar empleo y a ofrecerlo a los desempleados, según el modelo danés.
4. Parecería muy conveniente considerar la administración de una renta mínima, tal y como ciertas plataformas piden. Ésta sí que sería una medida verdaderamente valiente y social, en la que ningún gobierno que presume de tal se ha metido hasta ahora. Tal vez la única que se tomara, comparable en efectos sociales a la abolición del Servicio Militar obligatorio. Que recordemos por dónde vino.